"Con una pequeña ayudita de mis amigos..."

En mayo de 2016, durante la gestión municipal de Darío Benedetti, el jefe comunal devolvió al Estado Nacional la suma de 13 millones de pesos, que era el dinero correspondiente a la segunda certificación por catorce cuadras de pavimento, obra que estaba a cargo de la firma "Organización Industrial Construcciones SA" (OIC SA), con sede en San Benito, Paraná. El monto total era de 21,6 millones y la empresa en cuestión ya se había adjudicado 8,6 millones. Luego, en una auditoría, se determinó que la obra tenía un importante sobreprecio y que en realidad el costo era de 5,4 millones. Por cierto, los presuntos ilícitos por sobreprecios se investigan en sede judicial de Gualeguaychú y este miércoles 11 de marzo continuará la audiencia de remisión a juicio.

Imagen ilustrativa que muestra un aspecto de la obra y a Raúl Riganti y Leonardo Hassell, ex y actual intendente, respectivamente. (Foto: Reporte 2820).

El acuerdo de las catorce cuadras se había realizado en junio de 2015, durante la gestión municipal de Raúl Riganti. La obra era financiada por el gobierno nacional y había sido asignada mediante un concurso de precios (sí, leyó bien ¡concurso de precios!; cuando en realidad debería haberse ejecutado mediante licitación pública), en el que participaron tres empresas: “OIC SA”, “Szczech” y “L y Construcciones”.

Luego, con el cambio de mandato municipal, y a la luz de los hechos relatados, ambas partes se demandaron mutuamente. El intendente de Cambiemos, Benedetti, junto a los abogados de la comuna, efectuó la correspondiente denuncia penal ante el fiscal Sergio Rondoni, de Gualeguaychú, para que investigue un supuesto “fraude a la administración pública” y el “incumplimiento de los deberes de funcionarios público”. Y la empresa, por su parte, demandó al municipio por incumplimiento contractual. 

Los imputados por el caso son: el ex diputado provincial Raúl Riganti; el intendente municipal, Leonardo Hassell (por entonces a cargo de la Secretaría de Gobierno Municipal); Juan Carlos Rochelle y Norberto Marchesini, ex secretarios comunales de Obras Públicas y Hacienda, respectivamente, y Néstor Hereñú, directivo de la contratista de OICSA.

CONVENIO ESPURIO:

Lo ocurrido el miércoles 4 de marzo en el Concejo Deliberante de la ciudad de Larroque realmente no tiene precedentes. Por mayoría simple (5 votos afirmativos de “Creer Entre Ríos” - 4 negativos de “Cambiemos") se aprobó un convenio en el cual se expresa que se desiste de reclamos económicos entre OIC SA y la Municipalidad de Larroque, donde además ambas partes reconocen que hubo irregularidades en el convenio de la renombrada obra.

Concejales de “Creer Entre Ríos”, que votaron por la afirmativa al convenio con OIC SA. (Foto: Surer).

En este sentido, se coincide en que “el saldo de la obra no es de $12.466.760 sino de $7.798.830,80, cifra a la que arribó la pericia oficial, a cargo de Beltrán Raúl Uranga”. Es decir que las partes asumen que cometieron un ilícito. Sorprendente sinceridad, pero no por eso menos inmoral. Además la empresa se hace cargo de los honorarios y costas de los abogados intervinientes, es decir de los propios y de los del municipio. OIC  S.A. también asume los costos de los peritos y de impuestos de Justicia. En otro de los puntos ambas partes desestiman la acción civil que la Municipalidad de Larroque tramita contra sus actuales funcionarios en el fuero penal de Gualeguaychú, iniciada por la administración anterior.

En cuanto a los números, en caso que la Nación deposite nuevamente los fondos de esa segunda certificación a la Municipalidad de Larroque (cuestión improbable) OIC SA recibirá 7,8 millones de pesos. Remitiéndonos a los números iniciales del valor real de la obra (5,4 millones) y que la empresa recibió 8,6 millones (un excedente de 3,2) sumados a los 7,8 que pretende seguir obteniendo, ha percibido 16.400.000 pesos. 

La finalidad de OIC SA, más allá que adquiera o no el monto que reclama, es quedar “liberada” de cuestiones judiciales para seguir prestando servicios al Estado. Y este propósito lo logra con "una pequeña ayudita de sus amigos". Por cierto, los funcionarios del oficialismo larroquense, en 85 días de gestión, no se pusieron para nada colorados para formular y aprobar esta aberración. Por su parte, ¿la Justicia intervendrá en este caso o mirará para otro lado?