"Con una pequeña ayudita de mis amigos..."

Imagen ilustrativa que muestra un aspecto de la obra y a Raúl Riganti y Leonardo Hassell, ex y actual intendente, respectivamente. (Foto: Reporte 2820).

En mayo de 2016, durante la gestión del intendente Darío Benedetti, la Municipalidad de Larroque devolvió al Estado Nacional la suma de 13 millones de pesos. Ese dinero correspondía a la segunda certificación de una obra de pavimentación de catorce cuadras, a cargo de la empresa "Organización Industrial Construcciones S.A." (OIC SA), con sede en San Benito, Paraná.

El contrato original, firmado en junio de 2015 durante la intendencia de Raúl Riganti, había sido por un monto total de 21,6 millones de pesos. OIC ya había cobrado 8,6 millones. Sin embargo, una posterior auditoría técnica determinó que el verdadero valor de la obra no superaba los 5,4 millones. Es decir, la empresa ya había cobrado más del 150% del costo real estimado.

Cabe destacar que la adjudicación de la obra se realizó mediante un concurso de precios, un mecanismo claramente improcedente para una inversión de tal magnitud, que debería haberse canalizado mediante licitación pública. Participaron en dicho concurso tres firmas: OIC SA, Szczech y L y Construcciones.

Con el cambio de gestión municipal, y a la luz de las irregularidades detectadas, ambas partes iniciaron acciones legales. Benedetti, en nombre del municipio y asesorado por su equipo legal, presentó una denuncia penal ante el fiscal Sergio Rondoni Caffa, de Gualeguaychú, por presunto fraude a la administración pública y incumplimiento de deberes de funcionario público. La empresa, en contrapartida, demandó al municipio por supuesto incumplimiento contractual.

Imputados y proceso judicial en marcha

La causa judicial en trámite tiene como imputados al ex diputado provincial Raúl Riganti; al actual intendente Leonardo Hassell (quien en aquel entonces era secretario de Gobierno); a los ex secretarios municipales Juan Carlos Rochelle (Obras Públicas) y Norberto Marchesini (Hacienda); y a Néstor Hereñú, directivo de OIC SA.

Las audiencias continúan en el Juzgado de Gualeguaychú, y la próxima instancia está fijada para el miércoles 11 de marzo, con el objetivo de remitir la causa a juicio.

Un convenio insólito y alarmante

El miércoles 4 de marzo ocurrió un hecho sin precedentes en el Concejo Deliberante de Larroque. Por mayoría simple (cinco votos del bloque oficialista “Creer Entre Ríos” contra cuatro de “Cambiemos”), se aprobó un convenio entre la Municipalidad y OIC SA que, a todas luces, encendió señales de alarma.

En dicho acuerdo, ambas partes desisten de reclamos económicos y reconocen expresamente que existieron irregularidades en la ejecución y contratación de la obra. Además, se establece que el saldo pendiente no es de 12,4 millones, como se sostenía hasta ahora, sino de 7,8 millones de pesos, cifra establecida por la pericia oficial del ingeniero Beltrán Raúl Uranga.

En otras palabras, ambas partes asumen tácitamente la existencia de un ilícito. Sorprendente sinceridad, sí; pero no por eso menos preocupante. A esto se suma que la empresa asume los costos judiciales: honorarios de sus abogados, los del municipio, peritos e impuestos.

Uno de los puntos más controvertidos del convenio es que la Municipalidad renuncia a la acción civil contra sus propios funcionarios en el fuero penal de Gualeguaychú. La administración actual, a solo 85 días de asumir, promovió y aprobó un acuerdo que, en lugar de buscar justicia y reparación, parece cerrar filas en torno a los implicados.

Concejales de “Creer Entre Ríos”, que votaron por la afirmativa al convenio con OIC SA. (Foto: Surer).

¿Y los números?

Si el Estado nacional decidiera —cosa improbable— girar nuevamente los fondos por la segunda certificación de obra, OIC SA cobraría otros 7,8 millones de pesos. Sumados a los 8,6 millones ya percibidos, totalizaría 16,4 millones, casi tres veces el valor real de la obra calculado en la auditoría.

La conclusión es alarmante: una empresa contratada en forma irregular, sobrepagada desde el inicio, se ve ahora favorecida con un convenio que le asegura impunidad y la posibilidad de seguir contratando con el Estado.

Porque esa parece ser la finalidad de fondo: limpiar su prontuario contractual para seguir prestando servicios a organismos públicos, aun cuando los antecedentes sean más que cuestionables. Y lo logra con una ayuda inesperada pero eficaz: la de un Concejo oficialista que aprobó el convenio sin titubeos ni vergüenza.

El rol de la Justicia

La gran incógnita es si la Justicia actuará con firmeza frente a este evidente entramado de responsabilidades políticas, técnicas y empresariales, o si, una vez más, mirará hacia otro lado.

Porque si este tipo de acuerdos se naturaliza, se legaliza el saqueo, se institucionaliza la corrupción y se destruye lo poco que queda de la credibilidad pública.